La década de destrucción menemista, con la Ley Federal impuso un sistema educativo acorde al modelo económico neoliberal, paradigma de la desigualdad y la exclusión. Salarios míseros, aprendizaje acrítico y el conocimiento al servicio de las necesidades del mercado, son algunas de las "perlitas" que dejó aquella etapa nefasta que ninguno de los gobiernos psteriores modificaron. En ese sentido, el actual ha querido poner distancia diseñando un proyecto que en apariencia daría la sensación de "progresista", al menos en sus enunciados. "La educación y el conocimiento son un bien público..." expresa en un párrafo para continuar en otro: "Se fortalecerá la participación de la familia..." como así también "El Estado asegura una educación de calidad..." Ante tales aseveraciones ¿quién podría estar en desacuerdo? Entonces ¿por qué los docentes y otros sectores lo están?

Gustavo Guevara es Doctor en Historia y docente de las Cátedras de América Latina de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y de la Facultad de Filosofía de la UBA. Autor del libro "Historia de la Revolución Cubana", publicado en España en agosto último, tiene además una activa participación gremial en la CONADU como congresal representante  de la Lista "20 de Diciembre" y paritario a nivel de UNR. El profesor Guevara tiene un claro pensamiento sobre el tema que trata esta nota y esto es lo que manifiesta:                           

En otro aspecto, si bien se hizo mucho hincapie en la consulta a diversos estamentos, la misma fue rápidamente clausurada apenas se escucharon voces en disidencia. Es así como en algunos ámbitos y vaya por caso el de los cooperadores escolares, se consideraron excluídos de aquélla con clara fundamentación de su parte. En este marco, tanto educadores como integrantes de la comunidad adhieren a la postura de que el debate impulsado por el gobierno sólo apuntó a un simple "estudio de mercado" del mismo modo que lo haría una empresa privada. Tomando la última palabra y trasladándola al espíritu de este proyecto, una de las preocupaciones de los críticos del mismo es que no revee el estado actual de condicionamiento de la educación a la demanda privada, habida cuenta que es "vox populi" que en escuelas técnicas y universidades se forma y se trabaja "al servicio de multinacionales". Si bien el artículo 10 de esta aspirante a norma legal reza que "el Estado no suscribirá acuerdos con organismos internacionales que conciban a la educación como servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización de la educación", hay un detalle: el artículo 43 del Acuerdo de la Cumbre de las Américas. Este manifiesta la aceptación de formas de financiamiento de la educación canjeándola por deuda. Hasta el presente, el gobierno de Kirchner no se ha retractado al respecto. Sobre estas y otras cuestiones continúa reflexionando Guevara:

A nivel internacional se considera indispensable que un 8% del PBI se destine a educación. El actual gobierno invierte un 4% y aboga por un 6% que "ostentosamente" pregona, se alcanzará ¡recién en el 2010! Es que la ley 26.075 de Financiamiento Educativo está en íntima consonancia con la que ocupa esta nota y no es, precisamente generosa con las necesidades de un aspecto tan importante para cualquier sociedad. Uno de los puntos conflictivos que ambas rubrican se relaciona con el presupuesto que la Nación destina a las provincias: sólo el 7,5%. De esta forma deja librados a su suerte a  los distritos de menores recursos.

Ya concluyendo, las preguntas que surgen son ¿cuál es el gran logro? ¿Cuál el cambio? Es impensable que una norma que convalida pasantías que en la práctica se traducen en "mano de obra barata" pueda considerarse un avance. Es también impensable que lo sea aceptando las exigencias del Banco Mundial respecto de la reforma de los Estatutos Docentes, cuestión en la que ni el menemismo se atrevió a inmiscuirse. Sin embargo, la pompa la rodea, con fuegos de artificio incluídos. Hasta que se apaguen, dejando al descubierto muy probablemente, una mera y vergonzosa retórica que mostrará "más de lo mismo".

A lo largo de este año, las Confederaciones de docentes de las Altas Casas de Estudio, CONADU y CONADUH (HISTORICA) han realizado medidas de fuerza (las últimas el 19 y 20 de octubre) sin lograr éxito en sus reclamos. Dentro de éstos es necesario resaltar la reiterada exigencia de que se termine con los cargos ad-honorem, la vigencia del 85% móvil para los haberes jubilatorios y blanqueo de numerosas sumas que continúan abonándose "en negro". También remarcan, obviamente, la imperiosa necesidad de que se actualicen los salarios en relación al costo de la canasta familiar, tan alejada de los montos por ellos percibidos.

En este contexto, un párrafo aparte merece el ámbito gremial. Es de larga data la existencia de dos confederaciones y los intentos fallidos de unificación. En las medidas de fuerza  aparecen las diferencias, pues mientras CONADUH (HISTORICA) las ha mantenido constantes, la CONADU ha tenido una dinámica más proclive a depender de los vaivenes gubernamentales. En el mes de octubre de 2005, se llevó a cabo un congreso de la federación nombrada en último término en la ciudad de Carlos Paz, en el cual se pidió la renuncia de la secretaria general Anahí Fernández y del adjunto Pedro Sanllorenti. La votación tuvo una abrumadora mayoría a favor de sus destituciones, conformándose luego otra Mesa Directiva con Carlos De Feo encabezando la conducción, por entonces enfrentando a la referente de
COAD. En el presente año, Fernández y Sanllorenti (Mar del Plata) presentaron una impugnación de lo actuado ante el Ministerio de Trabajo, logrando un fallo favorable. De esta forma, quedó anulado en la práctica lo resuelto en la localidad serrana. Y el 30 de septiembre de 2006, en el Congreso celebrado en Paraná se constituyeron las nuevas autoridades de CONADU, ocupando la Secretaría General nuevamente Carlos De Feo y la Adjunta Pedro Sanllorenti.

Entretanto y en medio de disputas de poder en el campo gremial, los educadores universitarios continúan esperando en vano soluciones de raíz a sus demandas. Por otra parte, Alberto Dibbern y Horacio Fazio, secretario y sub-secretario respectivamente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) mantienen una actitud indiferente, en un marco donde el presupuesto para las universidades parece "moneda de cambio" entre gobierno y gremialistas, más ocupados éstos en perpetuarse en sus sillones que en defender los legítimos derechos de los trabajadores.